VALÈNCIA, 3 (EUROPA PRESS)
Un total de nueve entidades financieras se han adherido al código de actuación bancario impulsado por la Generalitat, en colaboración con el Ayuntamiento de València, para ayudar a las personas afectadas por el incendio del inmueble de Campanar del pasado 22 de febrero.
Se trata de un código de adhesión voluntaria que, entre otras medidas, facilita a las entidades financieras la suspensión durante seis meses del cobro de las hipotecas a los beneficiarios de las ayudas directas de la Generalitat.
La consellera de Hacienda, Economía y Administración Pública, Ruth Merino, ha mantenido este miércoles una reunión con representantes de las nueve entidades financieras que se han adherido a este código de conducta bancario.
En el encuentro han participado representantes del Banco Santander, Bankinter, BBVA, Targobank, Abanca, Ibercaja, CaixaBank, Cajamar y Caixa Popular. También han asistido el secretario autonómico de Hacienda y Financiación, Eusebio Monzó; el director general de Financiación, Nicolas Jannone; y el concejal de Grandes Proyectos y Patrimonio del Ayuntamiento de València, José Marí Olano, según ha informado la Generalitat en un comunicado.
Las medidas previstas en el código de actuación de las entidades financieras prestamistas se aplican a las deudas financieras hipotecarias sobre las viviendas siniestradas por el incendio de Campanar de las que sean titulares las personas físicas que, en el momento del siniestro, tenían su residencia habitual y permanente. El incendio arrasó un total de 138 pisos de dos bloques del mismo complejo.
En concreto, se contempla la carencia de las cuotas de préstamos hipotecarios sobre las viviendas siniestradas de los que sean titulares las personas físicas afectadas por un periodo de seis meses –de capital e intereses–, prorrogable por otros seis meses, a voluntad de la entidad financiera y con aceptación de la persona afectada. Esta medida pretende «dar tiempo» a que los vecinos puedan percibir las compensaciones de las compañías aseguradoras por el siniestro.
Merino ha mostrado su agradecimiento a las nueve entidades bancarias que se han sumado a este código de actuación, complementario a las medidas extraordinarias que ha adoptado el Consell, por haberse «volcado desde el primer momento, por ayudar y por estar al lado de las familias que lo perdieron todo ese día».
«Desde el primer instante estuvieron a su lado llamándoles por teléfono y ofreciéndoles toda la colaboración junto con la Administración, que también se volcó por darles una vivienda y unas ayudas que, en esos momentos, tanto necesitaban», ha defendido.
En este sentido, la consellera ha puesto en valor la colaboración de la Administración pública con las entidades financieras, al tiempo que ha señalado que con la empresa privada «siempre llegamos más lejos hasta en situaciones tan complicadas como las de esta tragedia vivida en Campanar». «Al trabajar juntos por el bien de la sociedad podemos hacer las cosas mejor y, en este caso, facilitar la vida a aquellos que han pasado un momento tan trágico», ha asegurado.
NOVACIÓN DEL PRÉSTAMO
Del mismo modo, una vez haya finalizado el plazo de carencia, se ofrece a las personas afectadas la posibilidad de formalizar una novación del préstamo al objeto de aumentar el principal por los importes no liquidados durante el periodo de la carencia de seis meses e incorporar en las cuotas futuras ese efecto de forma diluida en el tiempo para adecuarlas a la capacidad de pago real del prestatario.
Al mismo tiempo, la norma no restringe la capacidad de las entidades financieras prestamistas de dar apoyo adicional a las personas afectadas u otras medidas que no están contempladas en la resolución que recoge la publicación del código de actuación de forma explícita y sobre otras deudas, con el alcance que cada una de las entidades considere.
Las entidades adheridas aplicarán este código de actuación siempre que las personas afectadas lo acepten, bien por solicitud de estas o bien por iniciativa de la propia entidad prestamista. El plazo para formalizar la solicitud de las personas afectadas o la aceptación de estas si la iniciativa proviene de la entidad financiera no podrá exceder de dos meses desde el día hábil siguiente a la fecha de la publicación de la resolución que estableció el código de actuación.
